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El informe advierte compras de terrenos sin planificación, valores duplicados y ausencia del reglamento exigido por ley. El organismo ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades administrativas.

La Contraloría General de la República de Chile detectó incumplimientos normativos, posibles sobreprecios y deficiencias de planificación en la adquisición de terrenos realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dentro del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) 2022-2025, impulsado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Los antecedentes quedaron consignados en el Informe Final N°421, que analiza la ejecución del programa destinado a enfrentar el déficit habitacional del país.

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Falta de reglamento exigido por ley

Uno de los principales hallazgos apunta a que nunca se dictó el reglamento obligatorio para regular la compra de suelos, instrumento que debía establecer criterios mínimos de localización, tasación y rangos de precios.

Según el órgano contralor, dicho reglamento debía haberse promulgado en 2022, por lo que su ausencia constituye un incumplimiento directo de la normativa vigente.

La falta de reglas claras habría generado decisiones de compra sin parámetros uniformes, debilitando los controles sobre el uso de recursos públicos.

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Compra de terrenos sin planificación territorial

El análisis revela que, a nivel nacional, la superficie de suelo adquirida supera en un 61,33% la meta original del plan.

Sin embargo, esta sobreejecución no respondió a una estrategia territorial coherente. Mientras regiones como Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Arica y Parinacota registraron compras de terrenos sin necesidad inmediata, otras zonas con alta demanda habitacional —Antofagasta, O’Higgins, Maule, Biobío y la Región Metropolitana— no alcanzaron las metas proyectadas.

El informe advierte que esta distribución desigual contradice el carácter urgente del programa.

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Sobreprecios y riesgos para el gasto público

La Contraloría identificó además sobreprecios en seis de los 25 casos revisados, donde el valor referencial del metro cuadrado llegó a duplicarse, alcanzando cifras entre 11,43 y 19,14 UF/m².

La inexistencia de criterios uniformes para fijar precios, señala el organismo fiscalizador, incrementa el riesgo de uso ineficiente de recursos fiscales y debilita la transparencia del proceso.

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Terrenos sin proyectos habitacionales

Otro punto crítico es que 16 de los 25 terrenos analizados no cuentan con proyectos habitacionales asociados, pese a que algunos fueron adquiridos hace más de tres años.

Parte de estas compras fueron justificadas por la Subsecretaría de Vivienda como una “reserva estratégica” para desarrollos futuros, argumento que Contraloría cuestiona por alejarse del objetivo central del plan: reducir el déficit habitacional en el corto plazo.

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Procedimiento disciplinario y medidas correctivas

Ante las irregularidades detectadas, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría de Vivienda adoptar medidas correctivas inmediatas, entre ellas:

• establecer criterios claros para la compra de terrenos;
• implementar mecanismos de priorización territorial;
• acelerar el uso efectivo de los suelos adquiridos.

Además, el organismo ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y exigió reportar avances dentro de un plazo de 60 días hábiles desde el 13 de abril.

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Un plan de emergencia bajo escrutinio

El informe concluye que las observaciones detectadas no se condicen con el carácter de emergencia del programa habitacional, instalando dudas sobre la planificación, control y ejecución de una de las principales políticas públicas del actual gobierno.

En un contexto de déficit habitacional creciente, el documento vuelve a abrir un debate de fondo: cuando la urgencia social es alta, los errores de gestión dejan de ser solo técnicos y pasan a convertirse en un problema político y ciudadano.