El joven fue retenido tras asegurar que atacaría el establecimiento con un arma de fuego al día siguiente. La policía civil descartó que el involucrado tuviera acceso a armamento registrado.
La tranquilidad de la comunidad escolar en la comuna de Lautaro se vio seriamente interrumpida este jueves. El procedimiento se activó en un establecimiento de calle Pedro Aguirre Cerda, donde la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI debió desplegarse de urgencia. El incidente comenzó alrededor de las 13:40 horas, cuando un estudiante de 18 años fue sorprendido por sus pares intentando saltar el cierre perimetral hacia el exterior.
Al ser encarado por otros alumnos, el joven manifestó de forma explícita y seria su intención de realizar un tiroteo masivo en el recinto durante la jornada del viernes. La alarma escaló rápidamente cuando el sujeto mencionó a una compañera específica como su «primera víctima» y aseguró que ya tenía a otras personas en la mira para su ataque.
La «broma» que movilizó a la Fiscalía y la PDI
Ante la gravedad de los hechos, la dirección del colegio aplicó de inmediato los protocolos de convivencia escolar, contactando a la Fiscalía en Línea. Los detectives de la PDI, tras analizar las cámaras de seguridad y entrevistar a testigos, lograron identificar plenamente al responsable. Al ser interrogado por los efectivos policiales, el estudiante reconoció la autoría de las amenazas, pero intentó restarle importancia asegurando que se trataba simplemente de una «broma» dirigida a sus compañeras.
Pese a la justificación del joven, la policía civil realizó un cruce de datos con el registro nacional de armas. «Se verificó si este joven o algún familiar poseía armas de fuego, lo cual fue descartado», informaron desde la institución. Sin embargo, el Ministerio Público instruyó que el implicado quedara apercibido bajo el Artículo 26, quedando sujeto a la investigación por el delito de amenazas simples.
Responsabilidad digital y prevención escolar
Este caso pone de relieve la preocupante tendencia de «bromas» sobre ataques armados en contextos educativos. Desde la PDI subrayaron que estas conductas no son inofensivas, ya que movilizan recursos públicos y generan un trauma real en la comunidad. Se hizo un llamado urgente a los padres y apoderados a mantener una supervisión activa de las plataformas digitales y a dialogar sobre las consecuencias legales de estos actos.
Finalmente, las autoridades recomendaron a los establecimientos no intentar identificar o exponer a los sospechosos en redes sociales, ya que esto puede entorpecer la investigación judicial o constituir delitos adicionales. La protección de la comunidad escolar depende hoy, más que nunca, de la denuncia oportuna y el manejo profesional de la información.

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