Fenafgore presentó una denuncia ante Contraloría contra el gobernador René Saffirio por el cambio de funciones aplicado a un dirigente sindical del Gobierno Regional.
Una denuncia ante la Contraloría General de la República fue presentada contra el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, tras el cambio de funciones aplicado a un dirigente sindical del Gobierno Regional.
La acción fue ingresada por la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (Fenafgore), desde donde acusaron que la medida sería ilegal y vulneraría el fuero sindical del funcionario afectado.
El caso involucra a Jaime Candia Sandoval, quien se desempeñaba desde 2014 como encargado de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Regional y además integra la directiva gremial de Fenafgore.
Según explicó el dirigente, la legislación permite modificar funciones a trabajadores con fuero sindical, pero solo cuando el cargo o función original deja de existir dentro del servicio público.
Candia afirmó que esa condición no se cumpliría en este caso.
“A un dirigente gremial le pueden modificar sus funciones solo si la labor que desempeñaba desaparece en el servicio. En este caso la función se mantenía y, aun así, fui destinado a tareas distintas”, señaló.
El profesional indicó además que, tras manifestar su desacuerdo, fue informado de que la decisión respondía a criterios administrativos adoptados por la autoridad regional.
De acuerdo con lo expuesto por el dirigente, el gobernador René Saffirio habría señalado que el cambio de funciones se realizó en el marco de un proceso de reestructuración interna del Gobierno Regional y con el objetivo de resguardar el correcto uso de los recursos públicos.
Desde Fenafgore sostienen que la medida podría constituir una vulneración al fuero sindical, motivo por el cual solicitaron un pronunciamiento de la Contraloría General de la República de Chile.
Jaime Candia señaló que espera que la Contraloría revise los antecedentes y eventualmente revierta la decisión administrativa, permitiéndole retomar las funciones que ejerció durante más de una década.
El organismo fiscalizador deberá ahora analizar si el cambio de funciones se ajusta a la normativa vigente sobre protección de dirigentes gremiales en el sector público.
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