La ministra de la Mujer afirmó que Chile ya resolvió el debate sobre aborto en tres causales y confirmó que el Ejecutivo centrará su agenda en empleo, seguridad social y prevención de la violencia de género.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, descartó que el Gobierno impulse modificaciones a la ley de aborto en tres causales, asegurando que el debate legislativo ya fue resuelto en Chile y que la actual administración concentrará sus esfuerzos en otras prioridades sociales y económicas.
La secretaria de Estado abordó el tema durante una entrevista con Radio Cooperativa, donde reafirmó que la normativa vigente —aprobada en 2017— continuará sin cambios durante el actual período presidencial.
La legislación chilena permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres situaciones específicas: riesgo vital para la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de violación, marco legal que fue aprobado tras un extenso debate parlamentario y social.
“Lo que está ya está legislado. Chile ya tuvo una discusión al respecto (…) Chile ya zanjó esta materia”, afirmó la ministra, enfatizando que existe un consenso institucional respecto a la normativa actualmente vigente.
Marín agregó que el Ejecutivo considera que abrir nuevamente la discusión podría desviar la atención de otras urgencias ciudadanas que requieren respuestas inmediatas desde el Estado.
Según explicó, el Gobierno busca enfocar su gestión en políticas públicas relacionadas con el empleo femenino, la autonomía económica de las mujeres y la prevención de la violencia de género.
En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos del Ministerio es fortalecer programas de apoyo social y ampliar medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, además de impulsar iniciativas orientadas a mejorar oportunidades laborales.
La autoridad indicó que su rol está alineado con los objetivos del gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast, priorizando avances concretos en seguridad social y desarrollo económico.
Pese a la definición del Ejecutivo, el tema del aborto continúa generando debate en el escenario político nacional. Sectores de oposición han planteado la necesidad de avanzar hacia una legislación más amplia en materia de derechos reproductivos, mientras que grupos conservadores han defendido mantener estrictamente el marco actual.
Analistas políticos señalan que la postura del Gobierno busca dar estabilidad legislativa a un asunto que históricamente ha provocado fuertes divisiones ideológicas en el país.
Consultada sobre su posición personal respecto al aborto libre, la ministra evitó profundizar en detalles y sostuvo que su opinión es conocida públicamente, insistiendo en que su prioridad institucional es ejecutar la agenda gubernamental y fortalecer políticas orientadas al bienestar social.
Las declaraciones se producen en un contexto donde los temas vinculados a derechos reproductivos, equidad de género y políticas familiares continúan siendo parte central del debate público chileno, especialmente de cara a futuras discusiones legislativas y definiciones programáticas del Congreso.
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