La acción judicial impulsada por el gobernador René Saffirio apunta a un presunto perjuicio patrimonial de casi $5.900 millones en un programa de reactivación económica para MIPYMES. Entre los querellados figuran el ex gobernador Luciano Rivas, su ex jefe de gabinete y la actual seremi de Justicia de La Araucanía.
El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella criminal presentada por el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, en su calidad de presidente del directorio de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, en contra de ex autoridades, directivos, funcionarios y asesores jurídicos por los presuntos delitos de administración desleal y prevaricación.
La resolución judicial marca el inicio formal de la tramitación de la acción penal y se relaciona con la ejecución del programa de fondos concursables “Reactivación Económica de las MIPYMES”, iniciativa que transfirió cerca de $9 mil millones a 328 beneficiarios de la región.
“Cuando existen antecedentes de esta gravedad, la obligación nuestra no es guardar silencio, sino acudir a la justicia. Es importante precisar que no estamos persiguiendo personas, sino que estamos exigiendo responsabilidades”, afirmó el gobernador René Saffirio.
Entre los querellados aparecen el ex gobernador regional y expresidente del directorio de la corporación, Luciano Rivas; su ex jefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli; el ex director de la corporación, Cristian Salas; y Stephanie Caminondo, ex asesora jurídica de la entidad y actual seremi de Justicia de La Araucanía, además de otros involucrados.
La querella sostiene que existiría un perjuicio patrimonial de $5.898.757.180 derivado de gastos rechazados durante la ejecución del programa, equivalente a cerca del 65% de los recursos ejecutados.
Según los antecedentes recopilados por la actual administración regional, las observaciones realizadas a la iniciativa revelarían eventuales irregularidades en la asignación y utilización de los recursos públicos, incluyendo posibles beneficios a personas vinculadas a los entornos personales, políticos y comerciales de algunos de los querellados.
Uno de los principales focos de la acción judicial apunta a la Comisión de Evaluación Estratégica, integrada por Luciano Rivas, Juan Pablo Leonelli y Cristian Salas.
De acuerdo con la querella, esta instancia tenía la responsabilidad de definir los proyectos que posteriormente serían recomendados al directorio para su adjudicación.
La investigación interna sostiene que algunos integrantes habrían intervenido en decisiones que favorecieron a personas relacionadas con sus círculos cercanos, sin aplicar los deberes de abstención e inhabilidad exigidos por la normativa vigente.
Asimismo, se indica que proyectos con menor puntaje habrían sido priorizados por sobre iniciativas mejor evaluadas técnicamente. A ello se suma la inexistencia de actas que respalden el proceso de evaluación realizado por la comisión.
La querella también atribuye el presunto delito de prevaricación a los ex asesores jurídicos Stephanie Caminondo Eyssautier y Luis Herrera Canales.
Según la presentación judicial, ambos habrían incurrido en actuaciones que podrían constituir un abuso malicioso de su función profesional, afectando los intereses económicos de la institución.
“Quienes recibimos el encargo de administrar recursos públicos no recibimos un cheque en blanco para favorecer a algunos, sino para desarrollar la región y apoyar a los grupos vulnerables. La administración desleal es la traición a la confianza de toda una región”, sostuvo Saffirio.
Paralelamente, el gobernador regional informó la presentación de una denuncia penal por posibles delitos contra la función pública, entre ellos fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan surgir durante la investigación.
Tras asumir la actual administración, se detectaron antecedentes relacionados con información extraviada, rendiciones incompletas y eventuales triangulaciones de recursos, situación que podría elevar los montos observados hasta cerca del 90% de los fondos transferidos.
Debido a estos antecedentes, el Gobierno Regional instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades funcionarias en la ejecución y cierre del programa.
A ello se suma una investigación especial de la Contraloría General de la República respecto del destino final de los recursos entregados a los 328 beneficiarios de la iniciativa, proceso que actualmente se encuentra en desarrollo.
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