La Fiscalía y la PDI desarticularon una nueva estructura vinculada a la Operación Imperio en La Araucanía. Un contador identificado como presunto líder de la organización quedó en prisión preventiva, mientras otros seis imputados enfrentan medidas cautelares por delitos tributarios, fraude bancario, estafa y lavado de activos.
Una nueva arista de la denominada Operación Imperio dejó siete personas detenidas por su presunta participación en una organización dedicada a delitos económicos en distintas regiones del país. La investigación, liderada por la Fiscalía Supraterritorial, la Fiscalía Regional de La Araucanía y la Policía de Investigaciones (PDI), apunta a un esquema que habría generado perjuicios superiores a los 1.800 millones de pesos.
Entre los imputados figura un contador sindicado por el Ministerio Público como el presunto líder de la estructura criminal y mentor de los hermanos Martínez, quienes aparecen vinculados a la causa principal de Operación Imperio.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia de formalización, el principal imputado habría enseñado el mecanismo utilizado para obtener créditos bancarios fraudulentos y ejecutar diversas operaciones financieras irregulares.
La investigación sostiene que el contador habría utilizado sociedades de papel, documentación tributaria falsa y personas que actuaban como testaferros para concretar las operaciones.
Asimismo, los otros seis detenidos habrían participado como representantes o titulares de empresas utilizadas para facilitar las maniobras investigadas por el Ministerio Público.
Las detenciones se concretaron tras allanamientos simultáneos realizados por la PDI en distintas regiones del país.
Según la Fiscalía, la organización creó empresas ficticias y presentó facturas falsas ante el Servicio de Impuestos Internos con el objetivo de obtener devoluciones indebidas de IVA.
Posteriormente, los imputados habrían utilizado esos antecedentes para acceder a créditos bancarios millonarios que nunca fueron pagados.
El fiscal Enrique Vásquez, de la Fiscalía Supraterritorial, indicó que el perjuicio fiscal derivado de las facturas falsas supera los 400 millones de pesos. Además, precisó que la estafa atribuida al Banco Itaú alcanzaría aproximadamente los 1.500 millones de pesos.
La indagatoria también incluye operaciones de lavado de activos y la adquisición de bienes mediante recursos obtenidos de manera fraudulenta.
Tras analizar los antecedentes presentados por la Fiscalía, la jueza Leticia Rivera decretó la prisión preventiva para el principal imputado al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, los otros seis formalizados quedaron sujetos a medidas cautelares menos gravosas, entre ellas arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de salir del país.
Por su parte, la defensa de algunos imputados aseguró que demostrará la legalidad de las operaciones cuestionadas durante el desarrollo de la investigación.
El Ministerio Público destacó que esta nueva arista forma parte de los esfuerzos para desarticular redes de crimen organizado económico que operaban mediante fraude tributario, obtención fraudulenta de créditos, estafas reiteradas y lavado de activos.
La magistrada, además, prohibió la difusión de los nombres y rostros de los imputados mientras avance el proceso judicial.
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