El Registro Civil presentó una querella criminal por estafa tras descubrir un intento de fraude en el que falsos funcionarios habrían exigido hasta $350 mil a ciudadanos extranjeros para supuestamente regularizar su situación migratoria, engaño que incluso logró un pago parcial antes de ser detectado por la institución.
El Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) presentó una querella criminal por el delito de estafa luego de detectar un intento de fraude en el que se hacían pasar por funcionarios del organismo para exigir pagos a ciudadanos extranjeros a cambio de supuestas regularizaciones migratorias.
La acción judicial fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de quienes resulten responsables, tras una investigación interna que permitió confirmar que los supuestos funcionarios no existían en los registros oficiales de la institución.
Cómo se descubrió el intento de fraude
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la querella, el caso salió a la luz luego de una denuncia realizada desde una empresa de telecomunicaciones, cuando la gerencia de operaciones de un call center recibió información sobre un contacto fraudulento dirigido a un trabajador extranjero.
En dicho contacto, un individuo habría ofrecido gestionar la regularización de la situación migratoria del afectado a cambio del pago de $350 mil, asegurando falsamente que trabajaba en el Registro Civil y que podía realizar el trámite durante las 24 horas del día.
Según el relato incorporado en la acción legal, el engaño incluía la supuesta existencia de una oficina ubicada en el sector de Huérfanos con Manuel Rodríguez, en pleno centro de Santiago, donde se realizarían estos trámites de manera irregular.
Investigación interna y confirmación del engaño
La investigación interna del Servicio de Registro Civil permitió establecer que no existían funcionarios con los nombres o características descritas por los denunciantes, descartando cualquier vínculo con personal real de la institución. Este hallazgo fue clave para activar la querella criminal por estafa.
El documento judicial también detalla que, en el marco del fraude, se habría logrado concretar un pago parcial de $200 mil por parte de la víctima o su entorno cercano, lo que refuerza la gravedad del engaño y la existencia de perjuicio económico.
Diligencias solicitadas y avance del caso
Tras conocerse los hechos, la gerencia del call center de la empresa de telecomunicaciones informó de inmediato a la subdirección de operaciones del Registro Civil, lo que permitió iniciar el proceso interno de revisión y verificación de identidad de los supuestos involucrados.
Como parte de la acción legal, el organismo solicitó que la investigación sea liderada por la Policía de Investigaciones (PDI), además de pedir diligencias a la Fiscalía Centro Norte, incluyendo la toma de declaración al ciudadano colombiano que habría sido contactado y a la ejecutiva de la empresa que denunció el caso.
Desde el Servicio de Registro Civil recalcaron la importancia de alertar a la ciudadanía sobre este tipo de estafas, recordando que ningún trámite migratorio o administrativo se realiza mediante pagos a terceros ni fuera de los canales oficiales del Estado.
El caso continúa en investigación y no se descartan nuevas diligencias para determinar la posible existencia de una red de estafadores que estaría utilizando la identidad del organismo público para cometer delitos económicos.
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