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El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile sostuvo que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) ratificó los cuestionamientos que había formulado durante la discusión legislativa del proyecto Escuelas Protegidas.

El presidente del gremio docente, Mario Aguilar, señaló que la organización advirtió oportunamente que diversas disposiciones de la iniciativa presentaban problemas de constitucionalidad.

“Teníamos razón. Se lo dijimos al Gobierno que su famoso proyecto estrella, Escuelas Protegidas, aparte de ser más bien una cosa comunicacional y efectista que no va al fondo del problema de la violencia, tenía serios problemas de constitucionalidad”, afirmó.

Aguilar destacó que el TC declaró inconstitucionales normas relacionadas con la revisión de mochilas, la expulsión de estudiantes por convocar movilizaciones o paralizaciones y la pérdida de gratuidad por situaciones vinculadas al ámbito escolar.

“Lo señalamos sin ser expertos en Derecho, pero como profesores y como organización lo dijimos”, agregó el dirigente.

Gremio advierte riesgos en la reforma al Sistema de Admisión Escolar

Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el Colegio de Profesores puso la atención sobre el proyecto que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Según Aguilar, el Ejecutivo debe actuar con cautela para evitar que la nueva iniciativa enfrente cuestionamientos similares.

“Ahora está el proyecto de modificación al Sistema de Admisión. El Gobierno tiene que tener mucho cuidado porque ya en su anuncio hay varios aspectos que son bastante cuestionables desde el punto de vista de la constitucionalidad”, sostuvo.

El dirigente reconoció que el SAE requiere ajustes y perfeccionamientos, pero advirtió que cualquier reforma debe resguardar el principio de igualdad de acceso a la educación.

“No se puede establecer un sistema que sea discriminatorio, no se puede volver al pituto o a que el contacto tenga más importancia que el derecho a la educación”, indicó.

Asimismo, recordó prácticas que existían antes de la implementación del actual sistema, como restricciones de matrícula vinculadas al estado civil de los padres, las que calificó como discriminatorias.

Diputado Montalva respalda el objetivo del proyecto, pero cuestiona su tramitación

Por su parte, el diputado José Montalva manifestó que el fallo del Tribunal Constitucional confirma las observaciones que diversos parlamentarios realizaron durante el debate legislativo.

“Siempre lo dijimos. Estamos de acuerdo con el fondo de este proyecto: más disciplina, orden y, sobre todo, seguridad en los establecimientos escolares. Pero eso no significa que legislemos mal”, señaló.

El parlamentario recordó que durante la discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se advirtió que algunas disposiciones podían entrar en conflicto con la Carta Fundamental.

“Había preceptos que podían reñirse con la Constitución y eso iba a afectar a la comunidad educativa a la hora de ejecutar esta norma”, afirmó.

Finalmente, Montalva expresó su expectativa de que el Tribunal Constitucional entregue claridad respecto de las dudas planteadas durante la tramitación, especialmente aquellas relacionadas con eventuales vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.