Tras el dictamen de la Contraloría que concluyó que la exministra Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI, la diputada Andrea Parra aseguró que «no hay nadie por sobre la ley», cuestionó si el Gobierno ya conocía los antecedentes antes de su salida del gabinete y anunció que respaldará todas las acciones de fiscalización que impulse la oposición en el Congreso.
La diputada afirmó que respaldará las acciones de fiscalización que impulse la oposición y cuestionó si el Gobierno conocía los antecedentes antes de la salida de la exministra de Seguridad Pública.
La diputada Andrea Parra se refirió al dictamen emitido por la Contraloría General de la República que concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes sobre funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que participaban en una investigación penal en curso.
La parlamentaria calificó como «lapidario» el pronunciamiento del organismo fiscalizador y sostuvo que las conclusiones conocidas plantean interrogantes respecto del actuar de la exautoridad y de la decisión del Gobierno de poner término a sus funciones.
En sus declaraciones, la legisladora planteó la duda de si el Ejecutivo ya manejaba información relacionada con el contenido del informe antes de concretar la salida de Steinert del gabinete.
«Lapidario informe de Contraloría contra la exministra Steinert. Actuó ilegalmente para obtener datos de la PDI sobre funcionarios, extralimitando todas sus funciones, lo que lleva a preguntarnos: ¿el Gobierno ya manejaba información al respecto que anticipadamente sacó a la exministra de su cargo? Claramente, con estos antecedentes era insostenible su continuidad, pero queda la duda si su salida fue por su mal desempeño o porque ya se sabía que el informe era contundente en su contra», afirmó Andrea Parra.
La Contraloría concluyó que la entonces ministra solicitó antecedentes personales y disciplinarios de funcionarios policiales que excedían las facultades que la ley entrega al Ministerio de Seguridad Pública.
El organismo sostuvo además que la actuación de la exautoridad no se ajustó al deber de abstención, debido a que la información requerida involucraba a funcionarios que participaban en una investigación penal en desarrollo y pertenecían a una unidad con la que Steinert había trabajado anteriormente durante su etapa como fiscal regional.
El dictamen también indicó que la solicitud realizada podía afectar el normal desarrollo de una investigación que se encontraba a cargo del Ministerio Público.
Frente a este escenario, Andrea Parra aseguró que desde la Cámara de Diputadas y Diputados respaldará las iniciativas de fiscalización que impulse la oposición para esclarecer las eventuales responsabilidades políticas y administrativas derivadas del caso.
«Desde el Congreso apoyaré todas las medidas fiscalizadoras que acordemos como oposición, para dar una señal clara al país de que no hay nadie por sobre la ley», sostuvo la parlamentaria.
La diputada agregó que corresponde a las instituciones competentes determinar las responsabilidades que pudieran existir, enfatizando que el respeto por el Estado de Derecho y la transparencia deben aplicarse a todas las autoridades sin distinción.
Con estas declaraciones, Andrea Parra se suma a las voces de la oposición que han solicitado mayores explicaciones al Ejecutivo luego del dictamen emitido por la Contraloría General de la República, documento que ha generado un amplio debate político sobre el alcance de las atribuciones ministeriales y los mecanismos de control dentro del Estado.
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