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Con el objetivo de fortalecer la respuesta de las autoridades locales frente a desastres y crisis, UNICEF, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) presentaron el manual «Protección de niños, niñas y adolescentes en emergencias: respuesta local en Chile».

La publicación entrega herramientas prácticas para que municipios, servicios públicos y organizaciones sociales implementen acciones coordinadas que resguarden los derechos de niños, niñas y adolescentes durante situaciones de emergencia, considerando que este grupo enfrenta riesgos específicos como violencia, abuso, separación familiar, interrupción de la educación y afectaciones a la salud física y mental.

El documento se enmarca en la Ley N.º 21.430 sobre el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, la Ley N.º 21.364 que crea SENAPRED y la Convención sobre los Derechos del Niño, promoviendo una respuesta articulada entre las distintas instituciones que intervienen en la gestión del riesgo de desastres.

Chile enfrenta una alta exposición de la niñez a emergencias

Las cifras muestran la magnitud del desafío. En Chile, cerca del 83% de las comunas (287 en total) presenta niveles de riesgo moderado o alto, donde residen más de 2,87 millones de niños, niñas y adolescentes.

A ello se suma que el país registra un Índice de Riesgo Climático Infantil de 5,8, superior al promedio mundial de 4,2, lo que evidencia una mayor exposición de la niñez a eventos climáticos extremos.

Según la Encuesta CASEN 2022, el 4,2% de los hogares con niños y niñas declaró haber sido afectado por emergencias o desastres. Un ejemplo reciente fueron los incendios que afectaron a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, donde cerca del 40% de las personas damnificadas correspondía a niños, niñas y adolescentes.

Las primeras 72 horas son fundamentales

El manual enfatiza que las primeras 72 horas posteriores a una emergencia son determinantes para proteger a la infancia.

Entre las medidas prioritarias destacan prevenir la separación familiar, facilitar la reunificación cuando corresponda y activar mecanismos de localización y seguimiento de niños, niñas y adolescentes en caso de extravío.

Asimismo, el documento recomienda que los albergues incorporen espacios seguros para las familias, resguarden la privacidad y dignidad de las personas, dispongan de camas individuales para los menores de edad y cuenten con controles de acceso, evaluación de riesgos y funcionamiento adecuado de los servicios básicos.

Información clara y participación de la niñez

Otra de las recomendaciones es garantizar que niños, niñas y adolescentes reciban información clara, oportuna y adecuada sobre la emergencia, los riesgos existentes y las medidas de protección disponibles.

El manual también plantea que la infancia debe participar en aquellas decisiones que les afecten directamente, promoviendo una respuesta que considere sus necesidades y derechos desde el inicio de la emergencia.

Finalmente, la guía propone avanzar hacia un modelo de gestión de emergencias centrado en la niñez, basado en evidencia, coordinación interinstitucional y una protección integral que garantice la seguridad, dignidad y bienestar de niños, niñas y adolescentes durante todo el proceso de respuesta.