El tamaño del empleo público vuelve al centro del debate mientras el Gobierno prepara una nueva revisión del Estatuto Administrativo. Las cifras de trabajadores del sector público abren una discusión que va más allá del número de funcionarios: eficiencia, modernización y capacidad de respuesta del Estado.
El tamaño del aparato estatal vuelve a instalarse en el debate público. Mientras el Gobierno prepara una nueva revisión del Estatuto Administrativo, las cifras disponibles permiten dimensionar la cantidad de personas que actualmente trabajan en distintas áreas del Estado.
Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), citados por Diario Financiero, solo en el Gobierno Central se contabilizan 534.941 trabajadores.
Sin embargo, la cifra aumenta de manera considerable cuando se incorporan otras áreas relevantes de la administración pública.
Al sumar a los trabajadores de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y de los servicios de Salud, el universo alcanza los 859.035 trabajadores.
La diferencia entre ambas mediciones llega a 324.094 personas, llevando el total considerado a una cifra que se aproxima al millón de trabajadores.
La discusión se produce en momentos en que vuelve a analizarse la modernización del empleo público y del Estatuto Administrativo, normativa que se encuentra vigente desde 1989.
Más de tres décadas después, el debate ya no parece limitarse exclusivamente a las condiciones laborales de los funcionarios públicos.
La pregunta que comienza a instalarse es si el tamaño actual del aparato estatal está acompañado de mayores niveles de eficiencia, mejores servicios para la ciudadanía y una modernización acorde con las nuevas necesidades del país.
El desafío adquiere una dimensión adicional con el avance de la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial.
Estas tecnologías están modificando rápidamente procesos y tareas que durante décadas dependieron de procedimientos manuales y administrativos.
En este escenario, una eventual reforma del empleo público podría abrir también una discusión respecto de las funciones que deberá cumplir el Estado en los próximos años, qué tareas pueden ser modernizadas y qué nuevas capacidades necesitarán los servicios públicos.
La discusión, por tanto, no necesariamente se reduce a determinar si Chile tiene “muchos” o “pocos” funcionarios.
También implica preguntarse qué Estado necesita el país, qué funciones debe desarrollar, cuánto cuesta mantener su estructura y qué nivel de eficiencia obtiene la ciudadanía a cambio de esos recursos.
Los datos permiten dimensionar el tamaño del universo analizado:
Mientras se prepara una nueva revisión del Estatuto Administrativo, vigente desde 1989, el debate vuelve a una pregunta que seguirá marcando la discusión sobre el futuro del sector público:
¿Chile necesita un Estado más grande o un Estado más eficiente?
La respuesta probablemente no estará únicamente en contar funcionarios, sino en determinar si las estructuras, funciones y recursos del Estado están preparados para responder a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI.
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