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Más de $14 mil millones. Esa es la cifra que aparece en el centro de una investigación que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los contratos adjudicados a empresas proveedoras de Junaeb.

Los antecedentes fueron recopilados por la actual dirección de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y entregados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Entre los hechos investigados aparecen pagos asociados a raciones de alimentación que, según la denuncia, no habrían sido efectivamente entregadas a estudiantes de la Región de O’Higgins.

El caso involucra a SOSER S.A., empresa que obtuvo el contrato para prestar servicios de alimentación en esa región y que, de acuerdo con los antecedentes expuestos por Reportajes Teletrece, habría recibido $14.363.739.199 por servicios de once que no fueron entregados.

La investigación también apunta a modificaciones contractuales autorizadas durante administraciones anteriores de Junaeb y al posterior vínculo laboral entre la empresa y un exjefe jurídico del organismo.

Las “onces fantasmas” que encendieron las alertas

Uno de los antecedentes más llamativos se relaciona con las raciones de once contempladas en el contrato de alimentación para O’Higgins.

De acuerdo con una auditoría interna citada por Reportajes Teletrece, las proyecciones realizadas para 2021 consideraron 814.087 raciones de once para la región.

Sin embargo, según los antecedentes de la investigación, ninguna de esas raciones fue servida.

Pese a ello, Junaeb habría pagado a SOSER el equivalente al 40% del monto asociado a esas raciones, debido a una cláusula contractual denominada “todo evento”.

El pago habría alcanzado los $2.082.689.741.

La situación fue denominada internamente como las “onces fantasmas” de O’Higgins, debido a que las raciones estaban contempladas en la planificación y generaron pagos, pero no habrían sido efectivamente entregadas.

La propia investigación abrió una interrogante sobre la forma en que fueron calculadas las prestaciones: ¿era razonable proyectar un número de raciones superior al registrado en 2019 cuando el país todavía enfrentaba las consecuencias de la pandemia y numerosos establecimientos educacionales permanecían cerrados?

Una licitación que permitió jugar con los precios

Los antecedentes también apuntan al diseño de las bases de licitación.

En 2019, Junaeb contrató mediante trato directo a Inventia Consultores SpA por aproximadamente $120 millones para elaborar nuevas bases de licitación.

El contrato fue validado por quien entonces ejercía como jefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca Astudillo.

Posteriormente se desarrolló la licitación 18-20, que adjudicó a 17 empresas los servicios de alimentación correspondientes a 42 unidades territoriales en distintas regiones del país.

En O’Higgins, el contrato quedó en manos de SOSER.

Uno de los elementos observados por la auditoría fue la eliminación de las bandas de precios. Esto permitió que las empresas determinaran libremente los valores de distintos servicios incluidos en sus ofertas.

Según los antecedentes citados por Teletrece, SOSER presentó precios considerablemente diferentes entre determinadas prestaciones. Mientras algunos servicios tenían valores cercanos a los rangos habituales, la empresa habría ofertado $7.895 por una once para 2022 y $8.680 para 2023.

La estrategia habría permitido compensar precios elevados en determinadas prestaciones con valores inferiores en otras variables de la licitación.

El contrato cambió y el porcentaje de pago aumentó

Las dudas no terminaron con el primer contrato.

Según la investigación de Junaeb, el 12 de agosto de 2022, Alejandro Layseca autorizó mediante correo institucional una modificación contractual que elevó el pago fijo asociado al servicio desde un 40% hasta un 60%.

Los antecedentes señalan que esta modificación se habría aplicado sin pasar por el control de legalidad de Contraloría.

El cambio comenzó a regir posteriormente y fue firmado en diciembre de 2022 por la entonces directora de Junaeb, Camila Rubio, quien actualmente figura como imputada en la investigación de la Fiscalía Oriente.

La pesquisa busca establecer si estas modificaciones se ajustaron a las normas que regulaban los contratos y si generaron perjuicios para el Estado.

2023: las raciones disminuyeron, pero no para SOSER

La investigación también pone atención en lo ocurrido durante 2023.

Junaeb habría determinado reducir prácticamente a cero las raciones de once proyectadas para las distintas regiones. Sin embargo, según el documento reservado citado por Teletrece, el contrato de SOSER habría mantenido e incluso aumentado las proyecciones.

El antecedente adquiere relevancia porque, según la investigación, durante los dos años anteriores SOSER no habría entregado raciones de once para educación básica en O’Higgins.

Aun así, las cantidades proyectadas para los períodos siguientes habrían aumentado.

Entre los funcionarios cuyos antecedentes están siendo analizados aparece Francisco Pizarro, entonces jefe del Departamento de Alimentación Estudiantil de Junaeb, cuyo teléfono también fue incautado durante las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones.

El vínculo que ahora también investiga la Fiscalía

Uno de los elementos que agrega mayor interés al caso es la situación de Alejandro Layseca Astudillo.

El exjefe jurídico de Junaeb fue quien, durante su permanencia en el organismo, aparece relacionado con la autorización de modificaciones contractuales vinculadas a SOSER.

Posteriormente, en 2025, Layseca habría sido contratado por la misma empresa como asesor legal y representante en algunas reuniones de lobby.

Este vínculo forma parte de los antecedentes que deberán ser analizados por el Ministerio Público para determinar si existieron eventuales conflictos de interés, irregularidades administrativas u otros delitos.

Por ahora, corresponde a la investigación establecer responsabilidades y determinar si las actuaciones cuestionadas constituyeron efectivamente ilícitos.

Una investigación que vuelve a poner el PAE bajo la lupa

El caso SOSER no aparece aislado.

El Programa de Alimentación Escolar ya había enfrentado investigaciones por presuntas irregularidades en años anteriores. En 2016, por ejemplo, se denunciaron situaciones relacionadas con contratos y tratos directos que involucraban montos millonarios.

Ahora, los antecedentes recopilados por la actual administración de Junaeb vuelven a poner el foco sobre cómo se diseñaron las licitaciones, cómo se modificaron los contratos y por qué se terminaron pagando prestaciones que, según la denuncia, no fueron entregadas.

La Fiscalía Oriente deberá determinar si detrás de estas actuaciones existieron errores administrativos, incumplimientos contractuales o eventuales delitos.

Mientras tanto, las diligencias realizadas por la PDI buscan levantar información que permita reconstruir la ruta de las decisiones, los contratos y los pagos.

Y en el centro de la investigación queda una cifra difícil de ignorar: $14.363 millones asociados a servicios de once que, según la denuncia de Junaeb, nunca llegaron a las mesas de los estudiantes de O’Higgins.