El ministro de Defensa abrió un debate al plantear que Chile debería abandonar el Convenio 169 de la OIT y cuestionar la Ley Lafkenche. Desde La Moneda, el biministro Claudio Alvarado marcó distancia y aseguró que “no vamos a innovar en la materia”.
Un nuevo foco de tensión se instaló al interior del Gobierno luego de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, planteara la posibilidad de que Chile abandone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional que establece derechos y mecanismos de protección para los pueblos indígenas.
Las declaraciones del secretario de Estado generaron reacciones dentro y fuera del Ejecutivo, particularmente por su postura respecto de las diferencias que establece el convenio en función del origen étnico y por sus cuestionamientos a la Ley Lafkenche.
Barros sostuvo que el Convenio 169 establece diferencias entre ciudadanos según su origen étnico y cuestionó que determinadas personas puedan recibir un trato diferenciado en materias relacionadas con beneficios, derechos o proyectos que afectan sus territorios.
Desde su perspectiva, este tipo de disposiciones podrían generar divisiones y conflictos dentro del país.
Las declaraciones del ministro de Defensa obligaron a La Moneda a fijar posición.
El biministro Claudio Alvarado descartó que el Gobierno tenga contemplado modificar su postura respecto del Convenio 169 y marcó distancia de los planteamientos realizados por Barros.
El ministro sostuvo que las declaraciones del titular de Defensa corresponden a una opinión personal y no representan una decisión del Ejecutivo.
“No vamos a innovar en la materia”, afirmó Alvarado durante una entrevista con Mesa Central de Canal 13.
De esta manera, desde el Gobierno se buscó cerrar, al menos por ahora, la posibilidad de que exista una decisión oficial para iniciar un proceso destinado a abandonar el tratado internacional.
Las declaraciones de Barros también generaron críticas desde sectores de la oposición.
El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, calificó como “lamentable” y “un absurdo” la propuesta de abandonar el Convenio 169 y eliminar la Ley Lafkenche.
“Lo que dice el ministro de Defensa, Fernando Barros, es lamentable, es un absurdo. Decir que Chile debe salir del Convenio 169 de la OIT y eliminar la Ley Lafkenche porque, según él, dividen a los chilenos, es desconocer la historia y la realidad de este país”, afirmó.
Desde Renovación Nacional, en tanto, la diputada Ximena Ossandón planteó una posición diferente y sostuvo que una eventual decisión de esta magnitud debería ser abordada institucionalmente.
“El Convenio 169 ciertamente tiene algunas externalidades negativas, pero una decisión de esa magnitud debe ser debatida a nivel de Estado”, señaló.
La parlamentaria agregó que las materias relacionadas con tratados internacionales deben ser evaluadas por los organismos correspondientes antes de que el Presidente adopte una determinación.
“Todos sabemos que el Presidente de la República es quien lleva nuestras relaciones internacionales, entonces será la Cancillería, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia los que deban evaluar la medida y luego informarle al Presidente de la República, quien tomará las decisiones”, sostuvo.
El debate deja, por ahora, una diferencia explícita entre la posición expresada por el ministro de Defensa y la postura oficial comunicada desde La Moneda.
Mientras Fernando Barros planteó revisar las normas relacionadas con los pueblos indígenas y consideró factible discutir una eventual salida del Convenio 169, el biministro Claudio Alvarado aseguró que el Gobierno no pretende innovar en esta materia.
Así, el tratado internacional continúa vigente y no existe, hasta ahora, una decisión oficial del Ejecutivo para iniciar un proceso de salida.
El episodio vuelve a instalar en la agenda nacional la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas, la aplicación del Convenio 169 y el alcance de la consulta indígena en Chile.
Información: Ana Hernández.
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