---

El denominado caso Cerimedo dio un nuevo paso en Chile y entró formalmente al terreno penal. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte resolvió abrir una investigación para esclarecer las actividades desarrolladas en el país por el estratega político argentino Fernando Cerimedo y determinar si los antecedentes sobre una eventual operación coordinada de cuentas y bots en redes sociales podrían tener relevancia penal.

La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, quien consideró que los antecedentes reunidos justificaban iniciar una investigación.

La causa quedó radicada en la Fiscalía Local Santiago Centro y será encabezada por la fiscal Macarena Cañas. Su primera tarea será establecer qué ocurrió, verificar la información incorporada a la denuncia y determinar si alguno de los hechos descritos puede constituir delito.

Una investigación que busca reconstruir la actividad digital

La apertura de la causa ocurre después de varios días de análisis dentro del Ministerio Público. En una primera etapa, los antecedentes fueron revisados por asesores de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos, Ulddeco. Posteriormente, el análisis fue derivado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde finalmente se resolvió abrir la investigación penal.

El foco estará puesto, entre otros aspectos, en la eventual existencia de redes de cuentas coordinadas destinadas a intervenir en el debate político chileno. La denuncia sostiene que algunas cuentas de redes sociales habrían operado de manera coordinada para amplificar determinados contenidos y atacar a figuras políticas. Sin embargo, será la investigación del Ministerio Público la que deberá establecer si esas coordinaciones existieron, quiénes participaron y cuál fue su eventual alcance.

La denuncia del diputado Juan Santana

Uno de los antecedentes que llegó a manos de la Fiscalía fue una denuncia presentada por el diputado socialista Juan Santana. El parlamentario solicitó investigar las actividades desarrolladas por Cerimedo en Chile y establecer si alguna de ellas podría constituir delito.

La presentación también pidió determinar eventuales responsabilidades detrás de una posible red de cuentas coordinadas. Santana incorporó antecedentes relacionados con distintos procesos electorales y constitucionales desarrollados durante los últimos años.

Entre ellos aparece la participación de Numen durante el plebiscito constitucional de 2020 y la posterior creación de Numen SpA en Chile. La sociedad fue constituida legalmente por el abogado Enrique García Arancibia, quien ha sido identificado públicamente como socio chileno de Cerimedo.

García también tuvo participación en el segundo proceso constitucional, cuando integró el Comité Técnico de Admisibilidad con respaldo del Partido de la Gente. Estos antecedentes forman parte de la denuncia, pero deberán ser contrastados y contextualizados durante la investigación.

Las cuentas de X que aparecen en los antecedentes

Otro de los elementos incluidos en la presentación son distintas cuentas de X que, según los antecedentes recopilados, habrían actuado de manera coordinada. Entre ellas aparece el perfil denominado Neuroc.

De acuerdo con los antecedentes periodísticos incorporados a la denuncia, detrás de esa cuenta estaría una persona que habría reconocido mantener contacto con quien estaba encargado de las redes sociales de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. La denuncia también menciona ataques digitales dirigidos contra figuras políticas, entre ellas Evelyn Matthei, quien compitió con Kast en la última elección presidencial.

No obstante, el propio diputado Santana dejó establecido que corresponde al Ministerio Público verificar la autenticidad, alcance y relevancia penal de estos antecedentes. Ese punto será central para la investigación.

El problema de los bots y el eventual delito

Una de las principales dificultades que enfrentará la Fiscalía será determinar qué delito podría configurarse, en caso de acreditarse una operación masiva y coordinada de bots destinada a influir en procesos electorales.

La existencia de cuentas automatizadas o coordinadas, por sí sola, no necesariamente constituye un delito. Por ello, la investigación deberá establecer elementos adicionales: quién controlaba las cuentas, cuál era su objetivo, qué acciones realizaron, si existió coordinación entre distintos actores y si esas conductas se pueden encuadrar en alguna figura penal vigente.

Ese análisis jurídico podría ser uno de los aspectos más complejos de la causa. También será necesario determinar si existió una intervención concreta en procesos electorales y cuál habría sido su alcance.

Cerimedo y sus vínculos con Chile

La presión para esclarecer las actividades de Cerimedo en Chile aumentó después de su detención en Bolivia, en el marco de una investigación relacionada con un presunto ataque contra su expareja.

Durante el procedimiento policial se encontraron dispositivos asociados al manejo de bots. Estos antecedentes volvieron a poner bajo la lupa sus actividades de comunicación política y sus vínculos con distintos sectores políticos de la región. Cerimedo ya había desarrollado actividades en Chile antes de su reciente detención.

En 2020, su agencia Numen participó en la elaboración de encuestas relacionadas con el primer proceso constitucional. Posteriormente, Numen SpA fue constituida en Chile.

La conexión con García Arancibia también fue documentada anteriormente, incluyendo fotografías en las que ambos aparecen juntos durante actividades políticas.

La conexión con las campañas constitucionales

Cerimedo también ha reconocido públicamente haber participado en la campaña del Rechazo al texto constitucional de 2022. En una entrevista realizada en 2023, el estratega argentino afirmó que había trabajado con organizaciones civiles vinculadas a esa campaña.

Según su propio relato, habría reunido a decenas de asociaciones para ofrecerles una propuesta de trabajo. Sin embargo, los antecedentes disponibles no permiten determinar públicamente qué organizaciones contrataron sus servicios ni cuál fue exactamente el trabajo realizado para cada una.

Esta dificultad se relaciona también con las reglas que se establecieron para las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el plebiscito de 2022. Precisamente, investigaciones periodísticas anteriores han reconstruido parte de los vínculos entre Cerimedo, García y organizaciones que participaron en la campaña del Rechazo.

Una causa que también alcanzará la última elección presidencial

La investigación de la Fiscalía no estará limitada a los procesos constitucionales. De acuerdo con los antecedentes incorporados a la denuncia, las diligencias también podrían abarcar la última elección presidencial, que terminó con José Antonio Kast llegando a La Moneda.

En ese contexto, el Ministerio Público deberá determinar si las cuentas y actividades mencionadas en la denuncia tuvieron alguna relación efectiva con campañas electorales y, eventualmente, si existió una coordinación que pueda tener consecuencias penales.

Por ahora, se trata de una investigación en etapa inicial. No existe una conclusión judicial respecto de la existencia de una operación ilegal ni sobre la eventual responsabilidad penal de Cerimedo o de otras personas mencionadas en los antecedentes.

De la denuncia a las diligencias

La apertura de la causa marca un cambio relevante respecto del caso. Hasta ahora, buena parte de los antecedentes sobre Cerimedo en Chile habían circulado principalmente en investigaciones periodísticas, denuncias políticas y documentos vinculados a procesos electorales.

Ahora será el Ministerio Público el encargado de verificar esos antecedentes mediante diligencias investigativas. La Fiscalía deberá reconstruir la eventual estructura detrás de las cuentas señaladas, establecer quiénes las administraban, determinar si existieron coordinaciones y analizar el contenido de las comunicaciones y actividades denunciadas.

También tendrá que responder una pregunta fundamental: ¿La eventual utilización coordinada de bots para intervenir en procesos electorales constituye, bajo la legislación chilena vigente, un delito y quiénes serían responsables?

Esa es precisamente la interrogante que comienza a abordar la investigación penal abierta por la Fiscalía Centro Norte.