La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) pidió al Gobierno establecer un mecanismo legal y obligatorio que permita ajustar las tarifas según las variaciones del precio del diésel. El gremio propone utilizar como referencia una nueva herramienta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con especial atención a los pequeños transportistas.

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La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) emplazó al Gobierno a impulsar una solución legal y permanente frente al aumento de los costos del combustible. La organización sostiene que los transportistas deben contar con un mecanismo efectivo para traspasar las variaciones del diésel a las tarifas de sus servicios, sin depender exclusivamente de la voluntad de sus clientes.

El planteamiento fue abordado por el directorio de la CNTC durante un consultivo con sus bases realizado el sábado 24 de octubre. La instancia se desarrolló tras la presentación de nuevas calculadoras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre ellas una herramienta destinada a medir la variación del precio del petróleo diésel.

Para el gremio, este instrumento puede servir como referencia técnica para implementar el fuel surcharge, un recargo por combustible que permita ajustar el componente de las tarifas asociado a este costo.

Sin embargo, la Confederación advierte que disponer de una calculadora no resuelve por sí solo el problema. Su principal demanda apunta a que el mecanismo tenga respaldo legal y carácter obligatorio, especialmente para proteger a las pequeñas empresas que enfrentan dificultades para negociar reajustes con quienes contratan sus servicios.

CNTC advierte impacto en los pequeños transportistas

El directorio de la organización afirmó que los transportistas que no cuentan con cláusulas o fórmulas de reajuste en sus contratos quedan particularmente expuestos a las fluctuaciones del combustible.

“Contar con una herramienta para calcular las variaciones del diésel puede ayudar a transparentar los reajustes, pero una calculadora no basta para enfrentar esta crisis”, señaló la directiva.

El gremio sostiene que, cuando el precio del combustible aumenta y las tarifas permanecen sin cambios, la diferencia debe ser absorbida por el propio transportista. Esta situación presiona el capital de trabajo y puede comprometer los ingresos de las empresas familiares del sector.

Por ello, la CNTC plantea que los reajustes deben operar de manera transparente y simétrica. Es decir, que las tarifas puedan aumentar cuando sube el combustible y disminuir cuando su precio baja.

Gremio cuestiona propuesta del Gobierno

La Confederación recordó que la obligatoriedad del recargo por combustible forma parte de sus principales demandas al Ejecutivo. Según indicó, la propuesta gubernamental presentada el 15 de octubre contempló herramientas para facilitar los reajustes, pero no incorporó la exigencia de establecer un mecanismo obligatorio por ley.

Frente a este escenario, la CNTC propone utilizar la referencia del precio del diésel publicada por el INE para calcular el componente correspondiente al combustible en cada servicio.

La organización también plantea evitar la duplicación de reajustes que ya estén contemplados en los contratos. El objetivo es establecer una fórmula verificable que entregue mayor certeza tanto a los transportistas como a las empresas generadoras de carga.

“Pedimos una respuesta concreta, con una propuesta legal y plazos definidos”, sostuvo el directorio, que llamó al Gobierno a asumir un papel activo frente al impacto de las variaciones internacionales del combustible.

La demanda apunta a una solución permanente

La CNTC aseguró que continuará impulsando una salida de largo plazo que permita resguardar la continuidad de las pequeñas y medianas empresas del transporte de carga.

En su mensaje a las bases, la directiva manifestó que la prioridad es evitar que los transportistas deban asumir individualmente los costos derivados de las fluctuaciones del diésel.

La propuesta busca establecer reglas claras para ajustar las tarifas y reducir la incertidumbre en las negociaciones comerciales. Para el gremio, contar con un mecanismo legal permitiría distribuir de manera más equilibrada el impacto del combustible y proteger la continuidad de un sector clave para el abastecimiento y el funcionamiento de la economía.