La nueva exigencia para obtener una visa estudiantil en Estados Unidos incluye compartir redes sociales públicas, lo que ha generado preocupación por una posible vulneración de derechos fundamentales.
El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, implementó una nueva política migratoria que exige a solicitantes de visa estudiantil y de intercambio (F, M y J) mantener sus perfiles en redes sociales visibles al público.
Según informó el Departamento de Estado (DOS), esta medida incluye a ciudadanos de diversos países, entre ellos Chile, y se aplica con el objetivo de proteger la seguridad nacional. “Un visado de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, señalaron.
La iniciativa ha abierto un intenso debate. El académico y experto en derecho internacional, Édgar Fuentes, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, explica que este tipo de restricciones se vinculan con la soberanía de los Estados y no necesariamente con una violación directa de los derechos humanos.
“Cada país tiene la facultad de establecer condiciones para permitir el ingreso de personas a su territorio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de libertad de circulación, pero no impone la obligación a los países de aceptar a todos los solicitantes”, señala.
No obstante, el especialista advierte que la medida puede tener efectos restrictivos si se generaliza a todos los tipos de visado o si se vuelve una norma sin criterios proporcionales.
Desde la perspectiva de Fuentes, limitar la privacidad digital de los estudiantes podría tener un efecto negativo en el intercambio académico y cultural. “Si más países adoptan medidas similares, se pone en riesgo la pluralidad y diversidad que promueven las experiencias educativas internacionales”, agrega.
Además, plantea que será clave observar si la decisión se basa en criterios objetivos y si existen mecanismos de revisión o apelación en caso de afectaciones arbitrarias.
El experto concluye que el escenario actual exige equilibrio entre seguridad, derechos individuales y cooperación internacional. “Este tipo de medidas deben evaluarse bajo principios de proporcionalidad y razonabilidad. Hay que garantizar que no se conviertan en una herramienta discriminatoria o arbitraria”, afirma.
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