La Ley Jacinta avanza en su implementación en Chile con foco en el pago de seguros en 7 días, apoyo a víctimas de siniestros viales y nuevas coordinaciones con hospitales y clínicas.
La implementación de la Ley Jacinta en Chile entra en una nueva etapa con un foco puesto en lo humano: acelerar el apoyo a víctimas de siniestros viales, asegurar el pago oportuno de seguros y mejorar la coordinación entre el sistema de salud y las aseguradoras.
La normativa, considerada un avance relevante en materia de seguridad vial, busca que las personas afectadas por accidentes —y sus familias— no enfrenten además procesos burocráticos largos en momentos críticos.
Uno de los principales ejes de la ley es garantizar que los seguros obligatorios asociados a siniestros viales sean pagados en un plazo máximo de 7 días, compromiso asumido por las compañías y actualmente en fase de seguimiento para su cumplimiento efectivo.
La medida apunta a reducir la carga administrativa sobre familias que, muchas veces, deben enfrentar trámites complejos en medio de situaciones de alta vulnerabilidad emocional.
La Ley Jacinta duplica las coberturas para víctimas de accidentes de tránsito, incluyendo casos de lesiones graves y fallecimientos. Esto representa un cambio significativo en la red de protección para quienes enfrentan las consecuencias más duras de la siniestralidad vial.
Otro de los puntos clave en implementación es la coordinación entre aseguradoras, hospitales y clínicas, junto a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, para establecer protocolos claros de atención y cobranza.
El objetivo es evitar situaciones de revictimización, especialmente en casos sensibles como accidentes con menores de edad, donde la rapidez y la empatía en la gestión son fundamentales.
Desde el organismo responsable de la implementación, el director ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, destacó que la normativa busca mejorar la calidad de vida de las víctimas y fortalecer la protección en el sistema de tránsito.
“Es una legislación que aborda situaciones complejas, pero nos permitirá mejorar la calidad de vida y apoyar a quienes han sufrido siniestros viales”, señaló.
En la misma línea, el impulsor de la iniciativa, Max Schnitzer, recalcó que la ley no solo amplía coberturas, sino que también eleva los estándares de responsabilidad al conducir.
Más allá de los aspectos técnicos, la implementación de la Ley Jacinta busca instalar un cambio cultural: un sistema que responda más rápido, que acompañe mejor y que no deje a las familias solas en los momentos más difíciles.
En esta nueva etapa, el foco está en que la normativa no quede solo en el papel, sino que se traduzca en apoyo real, oportuno y humano para quienes enfrentan las consecuencias de un siniestro vial.
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