Cuando el CAE cae sobre la derecha

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El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una paradoja política difícil de ignorar. El Crédito con Aval del Estado (CAE), impulsado y defendido históricamente por sectores de la derecha como una herramienta para ampliar el acceso a la educación superior, se transformó hoy en una fuente de tensión dentro del propio oficialismo. La decisión de mantener los embargos a deudores morosos abrió un flanco que expone diferencias entre Hacienda y parte de la coalición gobernante.

Con más de 550 mil personas en situación de morosidad y una deuda acumulada que supera los $4 billones para el Estado, el Ejecutivo decidió continuar con las acciones de cobranza impulsadas por la Tesorería General de la República. La medida ya suma más de 1.500 embargos ejecutados y ha generado una creciente controversia pública.

El costo político de cobrar las deudas

Las imágenes de cuentas bancarias vaciadas y testimonios de deudores afectados comenzaron a multiplicarse en redes sociales. Lo que inicialmente parecía una discusión técnica sobre responsabilidad financiera se transformó rápidamente en un problema político.

Dirigentes de Renovación Nacional y la UDI solicitaron al Ministerio de Hacienda aplicar mayor criterio social en los procesos de cobro. El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, cuestionó directamente el “ánimo recaudatorio” del Gobierno, instalando una crítica poco habitual desde sectores que tradicionalmente han defendido la disciplina fiscal.

La situación resulta particularmente compleja para el oficialismo porque la discusión ya no gira exclusivamente en torno al pago de las obligaciones financieras, sino también al impacto social que generan los mecanismos utilizados para exigirlas.

Hacienda endurece su postura

Lejos de retroceder, el Gobierno decidió reafirmar su posición. El Presidente José Antonio Kast respaldó la continuidad de los cobros, mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que las deudas deben pagarse y que los procesos seguirán adelante.

Desde la perspectiva fiscal, el argumento es claro: el Estado ha debido asumir un elevado costo por los incumplimientos asociados al CAE. Sin embargo, la defensa técnica de la medida ha dejado al Ejecutivo expuesto frente a una dimensión política que no parece haber sido considerada con la misma intensidad.

Una encuesta Black & White mostró que un 55% respalda los embargos, mientras un 45% los rechaza. Aunque la mayoría apoya la medida, el nivel de rechazo representa un segmento electoral relevante que ningún sector político puede ignorar.

La oposición encuentra una nueva bandera

El debate abrió un espacio inesperado para la oposición. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de recuperar recursos fiscales, sus adversarios han logrado instalar la idea de la protección de los ingresos familiares frente a las acciones de cobranza estatal.

Incluso desde el propio mundo republicano surgieron cuestionamientos. El presidente del partido, Arturo Squella, planteó la necesidad de discutir si la Tesorería General de la República debe mantener la facultad de ejecutar embargos sin intervención judicial previa.

La discusión evidencia una contradicción política compleja. El mismo sector que durante años defendió el CAE y la responsabilidad individual frente a las obligaciones financieras ahora enfrenta los costos de aplicar esas mismas reglas desde el Gobierno.

Más allá de los resultados fiscales que puedan obtenerse, el episodio demuestra que en política no basta con tener argumentos técnicos. Cuando las medidas afectan directamente los ingresos de miles de personas, el costo político puede terminar siendo mucho más alto que el beneficio recaudatorio esperado.