¿Puede una democracia matar para defenderse? Marcelo Trivelli advierte sobre los riesgos de la “justicia por mano propia” frente al crimen organizado

Por: Marcelo Trivelli,  Ex Intendente de Santiago

La muerte de Héctor Guerrero, conocido como «Niño Guerrero» y líder del Tren de Aragua, generó alivio y apoyo entre miles de personas en distintos países de la región. Sin embargo, para el analista Marcelo Trivelli, la reacción ciudadana frente a este hecho revela una preocupación más profunda: la creciente desconfianza en la capacidad de las instituciones democráticas para enfrentar al crimen organizado.

Durante una entrevista en Radio Concierto en el programa Panal de Ideas, Trivelli planteó una pregunta que, a su juicio, merece una reflexión urgente: “¿Pueden las democracias simplemente matar a sus enemigos?”.

El exintendente señaló que, aunque resulta comprensible que la ciudadanía experimente alivio ante la caída de líderes criminales responsables de graves delitos, existe el riesgo de normalizar prácticas que terminan debilitando los principios fundamentales del Estado de Derecho.

“Cuando la democracia deja de lado el Estado de Derecho y empieza a aplicar mano dura indiscriminada, inclusive con una muerte, es complicado. Primero se parte con alguien que parece claramente culpable, pero después vienen los sospechosos, y cuando estas decisiones quedan en manos de unas pocas personas y no de las instituciones, el problema es mayor”, advirtió.

Para Trivelli, uno de los efectos más preocupantes del avance del crimen organizado es que empuja a las sociedades a aceptar soluciones cada vez más extremas. “Eso es un triunfo del crimen organizado”, sostuvo, explicando que el verdadero daño no solo está en los delitos que cometen estas organizaciones, sino también en la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.

El debate cobra especial relevancia en momentos en que diversas voces promueven medidas más severas para combatir la delincuencia, como la reducción de la edad de responsabilidad penal. Sobre este punto, Trivelli afirmó que el endurecimiento de las penas por sí solo no resuelve el problema.

“El joven que está delinquiendo no toma decisiones pensando si recibirá cinco años más o menos de condena. El castigo debe existir, pero creer que aumentar las sanciones resolverá el problema es una simplificación de una realidad mucho más compleja”, señaló.

Asimismo, vinculó el creciente respaldo ciudadano a soluciones drásticas con la percepción de desigualdad ante la justicia. Según explicó, cuando las personas observan diferencias en el trato que reciben distintos infractores según su nivel socioeconómico, la confianza en el sistema se deteriora y aumenta la tentación de reemplazar la justicia institucional por respuestas impulsadas por la indignación.

“Hay una sed de venganza y una lógica de ley del Talión, del ojo por ojo, diente por diente, que da una satisfacción inmediata, pero que termina empeorando las cosas. Una mejor sociedad requiere que seamos capaces de poner la pelota al piso y defender el Estado de Derecho incluso en los casos más difíciles”, concluyó.

Las declaraciones de Trivelli reabren una discusión que trasciende el caso del Niño Guerrero y que toca una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: cómo enfrentar con eficacia al crimen organizado sin renunciar a los principios democráticos que sostienen la convivencia social.