José Montalva y Daniel Manouchehri pidieron determinar si existieron delitos en las decisiones de inversión que afectaron los ahorros previsionales. Los parlamentarios también emplazaron al Gobierno a evaluar mecanismos de compensación para los afiliados perjudicados.

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La Fiscalía Centro Norte asumirá la investigación de una denuncia relacionada con las pérdidas de los fondos de pensiones y las eventuales responsabilidades de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Tras conocerse la asignación de la causa, los diputados José Montalva (PPD) y Daniel Manouchehri (PS) solicitaron esclarecer los hechos y determinar si existieron conductas constitutivas de delito.

La acción judicial busca establecer si determinadas decisiones de inversión pudieron perjudicar los intereses de los afiliados y si existen antecedentes que permitan configurar el delito de administración desleal, especialmente respecto de trabajadores próximos a jubilar.

Montalva presentó una denuncia el pasado 16 de octubre y valoró que el Ministerio Público avance en la revisión de los antecedentes. A su juicio, la investigación penal debe complementar las actuaciones que puedan desarrollarse por las vías administrativa y civil.

Montalva pide esclarecer posibles delitos

El diputado del PPD sostuvo que la investigación debe entregar respuestas a los afiliados y establecer si las decisiones cuestionadas tienen consecuencias penales.

“Nosotros esperamos que avance esta investigación para dar claridad a todos los afiliados; esto no puede quedar como si nada”, afirmó.

El parlamentario agregó que resulta necesario determinar qué ocurrió y si los hechos denunciados constituyen un delito, más allá de las revisiones que puedan realizar los organismos fiscalizadores.

Montalva también cuestionó el papel del Ejecutivo frente a las pérdidas previsionales y sostuvo que el Gobierno debe defender los intereses de los trabajadores.

“Hoy día las personas, cuando tienen que ahorrar en la AFP, no es voluntario, es forzoso. La gente no le preguntan, está obligada a hacerlo en una AFP. Entonces hoy día lo mínimo que esperamos es que el gobierno tome parte, y tome parte para defender los intereses de los afiliados y no de las AFP”, señaló.

El diputado planteó que, si la investigación establece responsabilidades penales, también será necesario examinar las vías legales para reparar los eventuales perjuicios ocasionados a los afiliados.

Manouchehri exige sanciones y compensaciones

Por su parte, el diputado socialista Daniel Manouchehri pidió que la investigación permita esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

“Nosotros esperamos que se realice una investigación hasta el total esclarecimiento de los hechos, y los responsables paguen con cárcel y con su propio patrimonio”, manifestó.

El legislador también emplazó al Gobierno a evaluar mecanismos de compensación para los afiliados que pudieran haber resultado perjudicados, con especial atención a quienes están próximos a pensionarse.

Manouchehri sostuvo que es necesario distinguir entre las eventuales responsabilidades penales que determine la investigación y las medidas económicas que podrían adoptarse para reparar las pérdidas de los ahorros previsionales.

Investigación deberá determinar eventuales responsabilidades

La asignación de la causa a la Fiscalía Centro Norte abre una nueva etapa en el proceso destinado a examinar las decisiones cuestionadas por los parlamentarios.

El objetivo será establecer si existen antecedentes suficientes para acreditar eventuales conductas delictivas y determinar la participación que pudiera corresponder a personas o entidades involucradas.

Por ahora, las denuncias plantean hechos que deberán ser investigados por el Ministerio Público. La existencia de un delito y las eventuales responsabilidades penales deberán establecerse conforme al desarrollo de las diligencias y los antecedentes que se incorporen a la causa.